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Publicada la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

El 20 de febrero de 2023 se ha publicado en el BOE la nueva Publicada la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley surge para trasponer la directiva Europea 2019/1937 de protección del denunciante. Puedes ver la publicación en el BOE desde aquí.

La finalidad de la norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.

Elementos clave de la Ley 2/2023

La nueva Ley establece una serie de obligaciones para organizaciones públicas y privadas, las principales son:

  • Nombrar a un Responsable del Sistema Interno de información.
  • Definir una política o estrategia que enuncie los principios generales en materia de Sistema interno de información y defensa del informante.
  • Establecer un procedimiento de gestión de las informaciones.
  • Implantar un canal interno de información o canal de denuncia.
  • Establecer las garantías para la protección del informante en el ámbito de la propia organización u organismo.

Existirán también canales de denuncia externa. Estos estarán proporcionados por la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante o por entidades de nivel autonómico. Se recomienda utilizar los canales internos como primer medio de denuncia, pero el informador podrá decidir qué canal utilizar.

Las empresas de 250 empleados o más tienen 3 meses para implantar un canal interno o 6 meses para adaptar el actual si ya lo tuvieran. Las organizaciones entre 50 y 249 empleados tendrán hasta el 1 de diciembre de 2023.

En definitiva, el proyecto de Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción transpone y amplía la directiva europea 2019/1937. Con su entrada en vigor las organizaciones públicas y privadas deberán realizar una serie de cambios en sus organizaciones para cumplir con la nueva normativa.

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