Act 20/2 Ya se ha publicado la Ley en el BOE.
La semana pasada el Gobierno aprobó el proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Se trata de una ley que traspone la directiva Europea 2019/1937 de protección del denunciante. Puedes ver todo el detalle de la ley desde aquí.
La finalidad de la norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.
En su ámbito de aplicación, además de proteger a quienes informen sobre la infracciones de Derecho de la Unión previstas en la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo, la ley abarca también las infracciones penales y administrativas graves y muy grave del ordenamiento jurídico nacional, ampliándose de este modo el ámbito material de la Directiva.
La nueva Ley establece una serie de obligaciones para organizaciones públicas y privadas, las principales son:
- Nombrar a un Responsable del Sistema Interno de información.
- Definir una política o estrategia que enuncie los principios generales en materia de Sistema interno de información y defensa del informante.
- Establecer un procedimiento de gestión de las informaciones.
- Implantar un canal interno de información o canal de denuncia.
- Establecer las garantías para la protección del informante en el ámbito de la propia organización u organismo.
Existirán también canales de denuncia externa. Estos estarán proporcionados por la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante o por entidades de nivel autonómico. Se recomienda utilizar los canales internos como primer medio de denuncia, pero el informador podrá decidir qué canal utilizar.
La ley está pendiente del trámite parlamentario. En el momento que entre en vigor las empresas de 250 empleados o más tendrán 3 meses para implantar un canal interno o 6 meses para adaptar el actual si ya tuvieran. Las organizaciones entre 50 y 249 empleados tendrán hasta el 1 de diciembre de 2023.
En definitiva, el proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción transpone y amplía la directiva europea 2019/1937. Con su entrada en vigor las organizaciones públicas y privadas deberán realizar una serie de cambios en sus organizaciones para cumplir con la nueva normativa.
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