En los próximos dos años alrededor de 25.000 empresas deberán implantar un canal de denuncias anónimo para cumplir la nueva directiva europea 2019/1937 de protección del denunciante (DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO).
Las empresas de más de 250 empleados o 10MM € de facturación, así como los ayuntamientos de municipios de más de 10.000 habitantes, deberán tener el canal implantado antes de finales de 2021, que es cuando deberá estar transpuesta la directiva. Las empresas de más de 50 empleados, a priori, tendrán un par de años más para implantarlo.
El objetivo del canal de denuncias, también conocido como canal ético, es crear un canal seguro donde un tercero tanto empleados, como clientes o proveedores puedan informar de algún hecho que va contra el código penal. Es el concepto de policía aplicado al entorno empresarial y de administración pública, vigilar para que no se cumplan irregularidades, siendo los policías las personas que las pueden identificar.
En la actualidad ya hay diferentes sectores afectados y que ya deben tener un canal de denuncias interno implantado, como son banca, seguros o inmobiliario, en general las actividades donde es posible realizar acciones de blanqueo de capitales, según el RD 11/2018, del 31 de agosto del 2018 que modificaba el contenido de la Ley 10/2010 y en concreto por el artículo 26 bis de dicha ley, que obligaba a la implantación del canal de denuncias interno.
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