En España, no tanto en otros países anglosajones, denunciar algo que está pasando en una empresa u organismo y que no es ético, está mal visto. España sigue siendo un país de picaresca, aunque algunas de las últimas acciones ejemplarizantes que se van viendo en las más altas instancias pueden ayudar a que se produzca un cambio en esa cultura.
Mientras que en Estados Unidos las denuncias de malas conductas están hasta premiadas millonariamente, y así se identificaron escándalos como el de ENRON, en Europa, de momento, la nueva (DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO) protegerá al delator o denunciante de represalias.
La nueva normativa, pendiente de transposición en los próximos meses, es de obligado cumplimiento para empresas de más de 100 empleados y a partir del 2023 lo será para empresas de más de 50. Entre las obligaciones, destaca la necesidad de crear canales de denuncias anónimos tanto para entidades públicas como para empresas privadas.
Para que un canal sea anónimo debe cumplir una serie de requisitos, por ejemplo un correo electrónico, que es el canal más habitual, difícilmente es anónimo ya que se puede llegar a saber de donde viene / quien lo envía. Una aplicación gestionada por un tercero que realice las acciones de comunicación entre la empresa y el demandante es una alternativa para evitar que la empresa tenga los datos del demandante. Las apps, también pueden serlo, pero siendo estrictos pueden no garantizar la anonimizidad, al tener identificados los dispositivos donde está instalada.
Además de todo eso, el demandante puede incorporar una capa adicional de seguridad utilizando un navegador como TOR, que impide saber la IP del navegador origen de la comunicación. Si un demandante desea el anonimato total, debe utilizar un navegador que anonimice la comunicación.
